“No hay viento favorable para quien no sabe donde va”

Séneca. 

El Congreso aprueba las ley que endurece las penas para los delitos contra la seguridad del tráfico.

Es la tradicional lucha entre el legislativo y el poder judicial, no es este el único ámbito donde se desarrola, pero si el más sensible. Conocedores de la problemática vial, el legislador adelanta la barrera penal y crea lo que se llaman delitos de riesgo, el actual art. 379 y 381 del Código Penal. 

 Pero lo jueces vienen interpretando, y ello es doctrina consolidada, que para cometer el delito es necesario no solo haber ingerido alcohol, sino tambien que ello produzca un estado en el sujeto que le impida la conducción.  Y esto con independencia de la cantidad de alcohol ingerida. La consecuencia es que podemos encontraranos con hechos donde se absuelven con índices de 0,80 miligarmos de alcohol por litro de aire espirado. Y el problema es que a partir de deteminados índices, los expertos forenses aseguran que al acohol afecta a facultades del sujeto.

Lo mismo ocurre con el delito de conducción temeraria. Pretende ahora el Congreso que conducir a determinada velocidad sin más cometan el delito de conducción temeraria. Sin ambargo actualmente en la redacción de la ley,  se exige un peligro concreto para la vida o integridad de al menos una persona. Esto provoca dificultades de prueba añadida en el juicio. Así el parlamento en 1983 modificó la ley, y como la interpretación no surte efectos, se vuelve a modificar para castigar al que conduce a una velocidad excesiva sin más.

El Derecho Penal siempre ha sido considerado como el último instrumento del Estado, es decir, que frente a ílícitos, deben existir otras respuestas, antes que la penal.

Sin embargo ahora se utiliza el Derecho Penal primero y con más intensidad, atemperando la jurisprudencia luego el ímpetu legislativo.

¿Volverán los tribunales a suavizar el delito?

¿Servirán de algo estas reformas?