“Desde el instante en que el hombre comete un crimen, entra el castigo en su corazón”.

Hesiodo.

El asunto del violador del Vall de Hebrón ha dado lugar a un importante debate sobre lo que hacer en caso de delincuentes recalcitrantes y aquellos para los que no sirve de nada la reeducación en prisión. En el fondo es el debate sobre la función de la pena y la prisión.

El gobierno así , estudia la castración química de los violadores y ortos agresores sexuales como una de las posibilidades para el tratamiento de estos sujetos.

Las penas, como consecuencia directa del delito, no solo se explica en función de la finalidad o contenido de las mismas, sino también como una consecuencia necesaria del delito.

Esto explica que existan dentro de las teoría de las penas, posturas que la defienden como un hecho puramente retributivo y absoluto en si mismo, o como un medio de defensa de la víctima o de la persona frente al delincuente. Y este dato nunca puede olvidarse, por más que luego tambien a la pena se explique por la prevención o reinserción.

El art. 25 de la Constitución dice que estará orientada a la reinserción, pero ello no significa que sea la finalidad sin más, la reinserción y la reeducación es importante, pero no el único contenido y función de la pena.

¿Que ocurre en supuestos como el del violador del Vall de Hebrón?, sencillamente que la pena como curación ha fracasado. Pero tras el fracaso quedamos todos detrás, en espera de la libertad y sin más defensa alguna que la desesperación.

La concepción de la pena como reinsertadora o correctora del sujeto falla cuando se topa con lo que podríamos llamar delincuentes profesionales, aquellos con anomalías psíquicas y en un sinfín de ocasiones. Todo ello por no decir que ni siquiera acierta a insertar a aquellos que sirven de ejemplos para sus teoría, como son los desfavorecidos o marginados.

La llamada castración química o cualquier otro medio terapéutico tiene poco sentido, y además es de escasa eficacia. En primer lugar porque es voluntaria. En segundo porque tampoco inhibiría la conducta del sujeto, o al menos no está demostrado al cien por cien. Pero en tercero y más importante porque el estado no tiene capacidad de imponerla.

Por ello cuando esto ocurre, y cuando tenemos la demoledora seguridad del delito, cuando despojamos a las penas de su efecto rehabilitador, tan solo queda el puramente retribucionista.

Y ello es así por duro que parezca.